Aurelio y Luigi De Laurentiis, propietarios del Napoli y el Bari, están siendo investigados por la Fiscalía de Bari por presunta quiebra fraudulenta, contabilidad falsa y delitos corporativos. La noticia fue comunicada a través de canales oficiales de ambos clubes el 7 de julio de 2026.
La investigación se centra en varios puntos, incluido el traspaso del portero Elia Caprile del Bari al Napoli. Según la Fiscalía, el Bari no aseguró un porcentaje de una posible futura venta del jugador durante el acuerdo. Un comunicado emitido por el SSC Bari y el SSC Napoli expresó el “asombro” de la familia De Laurentiis ante las acusaciones, afirmando que se enteraron de la orden de registro e incautación “con sorpresa”.
Los clubes sostienen que el valor de Caprile fue evaluado de forma independiente por un experto cualificado y externo antes del traspaso, un consultor previamente utilizado por la autoridad judicial y muy respetado en la industria del fútbol. También expresaron su sorpresa por la solicitud de la Fiscalía de liquidación judicial del SSC Bari, argumentando que el club cumple constantemente con sus obligaciones financieras y cubre las pérdidas operativas –que califican como normales dentro del sector futbolístico– a través de inversiones directas de la propiedad.
La familia De Laurentiis ha negado rotundamente cualquier irregularidad, afirmando su confianza en que su posición se aclarará rápidamente ante las autoridades judiciales. Han solicitado el archivo rápido del procedimiento, citando su constante actuación dentro de los límites de la ley, los principios contables y los reglamentos de la federación de fútbol. La familia declaró que siempre ha actuado con pleno y escrupuloso respeto a la ley.
Caprile se unió al Napoli desde el Bari en un traspaso definitivo, aunque los detalles de la tarifa no fueron revelados en los informes iniciales. El traspaso se produjo mientras el Bari buscaba reestructurarse y el Napoli pretendía reforzar sus opciones en la portería. Esta investigación podría tener importantes repercusiones para ambos clubes, afectando potencialmente a su estabilidad financiera y a sus futuras actividades de traspasos. El resultado de la investigación determinará si el traspaso de Caprile se llevó a cabo de forma legal y ética.
