La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se enfrenta a una crisis cada vez mayor en su estructura arbitral después de que el Consejo de Garantías Deportivas confirmara la sanción de 13 meses para el presidente de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), Antonio Zappi, lo que obliga a su destitución automática. La decisión, tomada a finales del lunes, allana el camino para que la AIA sea puesta bajo administración judicial por la FIGC. Simultáneamente, la investigación penal sobre el presunto fraude deportivo por parte del ex jefe de árbitros Gianluca Rocchi avanzó, con los fiscales de Milán afirmando haber identificado a personas del mundo arbitral que se reunieron con Rocchi en San Siro el 2 de abril.
El recurso de Zappi buscaba anular la suspensión inicial impuesta en diciembre pasado, pero el panel rechazó la solicitud de su abogado de aplazamiento relacionada con la investigación penal separada. Con la sanción superando los 12 meses, las normas de la federación obligan a su destitución. Al salir de la audiencia, Zappi expresó su decepción, afirmando que se había sentido "herido" por ser descrito como "abusivo" y "desleal" en sus funciones. Indicó que consideraría buscar una indemnización y evaluar nuevas acciones legales, al tiempo que expresaba su solidaridad con Rocchi y el supervisor Andrea Gervasoni, que también están bajo investigación.
La investigación paralela de la Fiscalía de Milán, dirigida por el magistrado Giuseppe Ascione, se centra en la presunta manipulación de los nombramientos de árbitros por parte de Rocchi. Los fiscales creen haber identificado a las personas con las que Rocchi se reunió durante una reunión clave en San Siro el 2 de abril. Según la investigación, Rocchi supuestamente orquestó el nombramiento de Andrea Colombo para un partido de liga Bologna-Inter y de Daniele Doveri para una semifinal de la Coppa Italia Inter-Milan. El abogado de Rocchi, Antonio D'Avirro, ha declarado que su cliente no cumplirá con una citación para ser interrogado el jueves, alegando la imposibilidad de montar una defensa eficaz sin acceso a los archivos del caso.
El escándalo tiene sus raíces en los testimonios de 29 árbitros actuales y antiguos de la Serie A y B, algunos de los cuales describieron un "sistema Rocchi" en el que el designador estaba en contacto constante y prohibido con los funcionarios de los clubes para beneficio personal. Un incidente específico bajo escrutinio es el llamado "caso Paterna", donde una intervención desde el VAR corrigió un claro error de penalti. La defensa de Rocchi argumenta que esta acción preservó la equidad deportiva en lugar de alterar el resultado de un partido.
En medio de la agitación, la propia FIGC se encuentra en un período de transición, con el presidente saliente Gabriele Gravina programado para aparecer en un programa de televisión el miércoles. Los clubes de la Serie C tienen previsto reunirse con los dos candidatos a la presidencia de la federación, Giancarlo Abete y Giovanni Malagò, el 8 de mayo. Mientras tanto, Dino Tommasi, el nuevo jefe del Comité Nacional de Árbitros (CAN), ha expresado públicamente su solidaridad con Rocchi y Gervasoni, enfatizando la intención del grupo arbitral de concluir la temporada con estabilidad.
La confirmación de la suspensión de Zappi y la escalada de la investigación penal crean una inestabilidad sin precedentes en el corazón de la estructura arbitral del fútbol italiano. La probable administración judicial de la AIA representa una intervención directa de la FIGC para recuperar el control, mientras que la investigación judicial en curso amenaza con revelar más problemas sistémicos. El foco inmediato estará en nombrar un nuevo liderazgo para supervisar el arbitraje y restaurar la credibilidad de un sistema ahora bajo un intenso escrutinio legal y deportivo.
